Retomar el camino hacia un modelo de desarrollo sostenible, igualitario y justo

La Agenda 2030 tiene el mérito de que visibiliza las crecientes problemáticas del desarrollo de los países e instala un modelo de desarrollo sostenible en la agenda global.

En algunos países los ODS se convierten en pura retórica y no en una herramienta real de transformación para alcanzar un desarrollo con mayor sostenibilidad, igualdad y justicia. América Latina es la región más desigual del mundo y con altos niveles de pobreza, sin embargo, la mayoría de los representantes de los países ante la ONU reiteran el compromiso de cumplir con el objetivo de "no dejar a nadie atrás”.

En el mismo sentido, la estructura compleja que se ha diseñado para la implementación y el seguimiento de los ODS, fundamentalmente pensada de arriba (Estados y Gobiernos Mundiales) hacia abajo (Gobiernos Subnacionales), plantea ciertas limitaciones para alcanzar un desarrollo económico, social y ambiental sostenible y de largo plazo, que no comprometa a las futuras generaciones.

Para que se produzcan avances significativos, en el camino hacia un desarrollo más sostenible, igualitario y justo, se necesitan decisiones claras y acuerdos políticos con la ciudadanía, que transformen la retórica vacía en acciones concretas de transformación de las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 es necesario repensar la organización del Estado y la manera de pensar, planificar y gestionar las ciudades.

En el corto plazo, será necesario priorizar la salud y los sectores más vulnerables, donde los municipios tendrán un renovado protagonismo, por la proximidad territorial a las críticas demandas de los ciudadanos.

Más que nunca es imprescindible el Pensamiento Estratégico, en el sentido de no caer en la improvisación, para anticiparnos a las tendencias y tomar decisiones, en el corto plazo, para mitigar los impactos del COVID 19  y, en el largo plazo, para retomar el camino hacia la Agenda 2030.

En ese proceso, existe la necesidad de incorporar una visión crítica de los “avances” alcanzados en la Agenda 2030 en nuestro país y,  a partir de ahí, con el liderazgo de los municipios y el protagonismo de todos los actores sociales, construir un proyecto colectivo de ciudad con y para la ciudadanía.

Para ello, se propone desarrollar un proceso de localización de los ODS por provincias con todos los municipios, de manera de construir una nueva Agenda 2030, de abajo hacia arriba, capaz de guiar a las ciudades hacia un futuro de desarrollo sostenible, igualitario y justo.

La localización se refiere a cómo los ODS pueden proporcionar un marco estratégico de actuación para la formulación y ejecución de políticas de desarrollo a nivel local e implica integrar dichos objetivos a la agenda municipal, contribuyendo al logro de la Agenda 2030 en los municipios.

Esta instancia debe comenzar por un proceso de participación en busca del consenso entre todos los actores sociales para acordar una Carta de Valores, que tenga por objeto la identificación de los principales valores que han de mantenerse y desarrollarse en cada ciudad con un horizonte a 2030.

Para ese debate, abierto y democrático, se propone una serie de principios rectores:

1. Ciudades libres de pobreza y desigualdad, sin fragmentación y segregación socio-espacial, que garanticen el respeto a los Derechos Humanos, el derecho a la ciudad y el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios de la ciudad.

2. Promoción de un desarrollo económico sostenible e inclusivo, estimulando la diversificación económica y un mayor valor agregado, con políticas activas de empleo, capital humano y talento local, acompañado de programas de infraestructura y logística.

3. Desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sustentable, en base a un plan de acción climática para, reducir los Gases de Efecto Invernadero y disminuir el riesgo frente a desastres, con medidas de mitigación y adaptación, con acento en los sectores de energía, residuos y movilidad.

4. Fomento de una política de vivienda integral, que aborde la complejidad del acceso al suelo y a una vivienda adecuada, entendida como “vivir en un lugar con seguridad, paz y dignidad, en una ubicación con acceso a las infraestructuras básicas y a las oportunidades urbanas, todo a un precio asequible”.

5. Impulso de ciudades policéntricas y de usos mixtos, en base a una estructura de barrios que garantice la proximidad y el acceso a los servicios urbanos y los equipamientos sociales, integrados al espacio público.

6. Crecimiento urbano hacia adentro, por densificación y completamiento, desalentando la expansión de baja densidad, evitando la discontinuidad urbana, ocupando nuevo territorio solo cuando sea necesario, con planificación, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

7. Fomento de espacios públicos y paisaje urbano “de calidad”, que asegure su distribución en toda la ciudad, promueva su mejora y mantenimiento, buscando recuperar para las personas el espacio público que ha sido ocupado por el automóvil.

8. Promoción de una política de accesibilidad y movilidad urbana sostenible, que garantice a los ciudadanos acceder a las oportunidades urbanas, a través de modos eficientes y limpios, y una cadena intermodal e integrada con prioridad en peatones, ciclistas y transporte público.

9. Fortalecimiento de la participación ciudadana y las redes sociales en el territorio, como respuesta a un escenario complejo y lleno de incertidumbre que, en este contexto de pandemia y crisis, necesita de acciones colectivas, ante un Estado cada vez más limitado en sus recursos.

10. Nueva Gobernanza, efectiva y democrática, con rediseño de los gobiernos locales (a través de Sistema de Gestión Estratégica Urbana para la Agenda 2030) que, desde un enfoque integral y multidisciplinar, incorpore a los actores sociales en el proceso de co-producción de políticas públicas y mejore las capacidades de gobierno.