El proyecto PAGE[1] (Alianza para la Acción por una Economía Verde, por sus siglas en inglés), una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas basada en el documento El futuro que queremos cuya implementación busca apoyar a los esfuerzos nacionales de cada país en la transición hacia economías verdes, y Argentina es parte del proyecto desde el año 2018. En específico, el caso de Argentina, si bien se han realizado avances importantes en la transición hacia una economía más verde, particularmente en el área energética, aún son muchas las dificultades que se deben resolver a fin de poder integrar los procesos de políticas nacionales y la visión de desarrollo del país.

Los trabajos presentados en el marco del proyecto sobre nombrado, Inventario de políticas relacionadas a la economía verde en la Argentina y Diagnóstico laboral de la transición justa hacia una economía verde en la Argentina, conforman marcos de referencia para pensar de manera integral las alternativas que ofrece la denominada economía verde en nuestra forma de relacionarnos con el entorno social y ambiental. Estos estudios plantean la necesidad de articular políticas públicas y privadas, con todos los sectores y actores involucrados, a fin de fomentar las inversiones y reorientar los esfuerzos e instrumentos de gestión para poner en práctica los objetivos sociales, económicos y ambientales que impone la agenda del desarrollo sostenible.

En específico, en el Inventario de políticas relacionadas a la economía verde en la Argentina se realiza un relevamiento de aquellas iniciativas públicas vigentes a nivel nacional que, dado las áreas temáticas que involucran y sus objetivos, pueden considerarse dentro de los límites de lo que conocemos como economía verde. Por otro lado, los estudios que conforman el Diagnóstico laboral de la transición justa hacia una economía verde en la Argentina trazan muy detalladamente, y con una clara metodología de análisis, los pasos que se debieran dar en la transición hacia una economía más verde. En conclusión, el conjunto de estos trabajos constituye un aporte sustancial para comprender las múltiples dimensiones que intervienen en la transición hacia una economía verde para la Argentina, destacándose especialmente las oportunidades que permitan avanzar en un desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Según lo reportado, la transición hacia una economía verde tiene el potencial de crear nuevos puestos de trabajo decente[2] e impulsar la equidad social, pero, a la vez, conlleva complejos desafíos ya que muchos sectores económicos tradicionales deberán transformarse o tenderán a desaparecer. En este contexto, el nivel de las políticas públicas puede aportar a reactivar ciertos sectores, fortalecer aquellos estratégicos como el de la producción forestal, impulsar las economías regionales a través de las bioenergías, los alimentos y los biomateriales, e incorporar a sectores vulnerables a la prestación de servicios y actividades ambientales como el reciclado. Ello requiere inversión pública, una política fiscal verde, la reorientación presupuestaria, la implementación de políticas específicas y préstamos al sector privado, y la priorización de políticas de protección social que permitan reorientar las competencias laborales en los sectores que deben transformarse. Esta oportunidad de creación de empleos verdes puede, asimismo, conducir a una mayor igualdad de género, particularmente dentro de la pequeña agricultura y la gestión de residuos (OIT).

Por otro lado, en la Argentina, los efectos del cambio climático y el deterioro ambiental son problemáticas particularmente sensibles. En este contexto, la transición hacia una economía más verde implica volver a pensar las condiciones laborales, revisar las calificaciones requeridas y enfocar bajo nuevos paradigmas las perspectivas del empleo. Este proceso ofrece posibilidades, pero también presenta desafíos que requieren del diseño y la implementación de agendas de política que integren objetivos productivos, ambientales y sociales. Entre los objetivos de esa transición, y enmarcados en la Agenda 2030, las organizaciones vienen impulsando estrategias globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad bajo un espectro amplio de dimensiones productivas, sociales y ambientales.

El empleo verde, como ya anunciado, es parte de la estrategia de transición justa. Se define como el empleo que cumple los estándares de “trabajo decente” o “trabajo digno” y que contribuye a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales, como la manufactura o la construcción, como en sectores emergentes (energías renovables y eficiencia energética, por ejemplo)[3]. El estudio, Diagnóstico laboral de la transición justa hacia una economía verde en la Argentina, mide el empleo verde en la Argentina para el año 2018 y se realiza una cuantificación e identificación de los sectores en los cuales se crea, a la vez que se analizan las tendencias, avances y retrocesos que tuvieron lugar en un período de tres años (entre 2015 y 2018). Se destaca la identificación de alrededor de 732 mil empleos verdes en el país en 2018, lo cual representa el 3,3% del empleo total y el 7,3% de los asalariados registrados en el sistema de seguridad social. Entre 2015 y 2018 el empleo verde (7,4%) presentó un mayor crecimiento que el total del empleo asalariado registrado (1,4%). Los sectores que contribuyeron en mayor medida a esta dinámica fueron: el turismo, la construcción, la producción de biocombustibles y energías renovables, y el sector forestal. En las actividades de saneamiento y de gestión de residuos, el empleo también creció (3,4%), aunque a una tasa menor que el total del empleo verde.

El proyecto “Empleos verdes locales: el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil como articuladoras de procesos de transición justa hacia una economía verde” es financiado por el “Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil - Argentina 2020” de la Unión Europea, y ejecutado por la RAMCC como responsable del proyecto y la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, In Situ y Wageningen University & Research como socios.

[1]Este proyecto es una labor conjunta de cinco agencias de las Naciones Unidas: ONU Medio Ambiente; la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR); y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

[2]El concepto de “trabajo decente” está vinculado con convenios fundamentales de OIT, que han sido suscritos por Argentina.

[3]Jarvis, A., Ram, J. y Verma, A. K. (2011). Assessing green jobs potential in developing countries: a practitioner’s guide. Ginebra: OIT.