Por Orlando Costa
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) constituyen un problema que aún no ha tenido respuesta adecuada en cuanto a su necesario tratamiento.
Según Greenpeace cada argentino genera en promedio 3 kg de residuos electrónicos por año, es decir 120.000 toneladas (teléfonos, cámaras fotográficas, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, calculadoras, etc). Si se le suma heladeras, microondas, equipos de audio y video, televisores, la cantidad se eleva al doble, 6 kg por año por persona.
Son elementos que tienen una vida útil breve y por lo tanto generan una cantidad enorme de basura.
Aumenta el consumo y, como consecuencia, los desechos y el recambio tecnológico. Se recicla una mínima parte y se calcula que alrededor de la mitad van a parar a basurales o rellenos provocando contaminación de suelos, agua y aire, y eventuales daños a la salud de personas por sus componentes tóxicos.
Por otra parte se pierde valor económico al no rescatar los componentes aprovechables de estos residuos. Se estima que un 25% de sus elementos pueden ser reutilizados y que el 72% es de materiales reciclables, con un 3% de elementos tóxicos. Hay algunas experiencias de municipios y ONGs que recolectan y reciclan, como también empresas que lo hacen con autorización nacional, pero no hay legislación que defina y establezca la gestión integral.
En este sentido se aprobó el año pasado en la Comisión de Ecología del Senado provincial un proyecto de ley consensuado entre todos los bloques políticos, el Ejecutivo y los empresarios, para regular la gestión sostenible de los aparatos eléctricos y electrónicos producidos, importados, comercializados y/o utilizados, y sus residuos.
Se trata de electrodomésticos; equipos de informática y telecomunicaciones; aparatos electrónicos de consumo y de alumbrado; herramientas eléctricas y electrónicas; juguetes; aparatos médicos; instrumentos de vigilancia y control; máquinas expendedoras.
Los objetivos son: promover pautas de diseño y producción de AEEs (aparatos eléctricos y electrónicos) que faciliten su desarmado y valorización y la reutilización y el reciclado de RAEEs; fomentar la reutilización, el reciclado, la recuperación y otras formas de valorización así como disminuir la generación de RAEEs; promover el mejor comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen y establecer el principio de responsabilidad extendida del productor a lo largo del ciclo de vida del producto (desde la selección de materiales, la producción y el postconsumo y la gestión integral de RAEEs en las etapas de recolección, transporte, tratamiento, y disposición final ambientalmente adecuadas).
Los productores deberán presentar un Plan de Gestión Integral de RAEEs que deberá incluir Puntos de Recepción, Centros de Acopio y Operadores, para su clasificación, separación de materiales, recuperación, reciclado, tratamiento y/o disposición final, como también la descripción operativa de todo el proceso. Todo esto debe ser obligatoriamente informado a los usuarios y poseedores, de manera que puedan entregarlos en forma gratuita.
Asimismo se establece la creación de Registros Provinciales de Productores y Operadores.
Un capítulo se destina a las campañas informativas sobre los efectos que pueden ocasionar sobre el ambiente y la salud las sustancias peligrosas que contienen los AEEs, la prohibición de eliminar los RAEEs como simples residuos sólidos urbanos y los sistemas de devolución y recogida de disponibles.
En definitiva, son residuos que pueden tratarse y ser aprovechados con beneficios ambientales, de salud y económicos.
La gestión integral de RAEEs cuenta con interés de emprendedores que pueden generar puestos de trabajo si se establece el marco legal adecuado, y con los municipios como eslabón fundamental de la cadena. Falta que el gobierno provincial pulse Enter para que esto sea realidad.
